El secretario general del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, Ricardo Costa, anunció hoy que el PPCV interpondrá una denuncia contra quien ha firmado y ordenado el informe policial que apunta a una financiación irregular del partido, que calificó hoy de «un claro montaje instigado por el Ministerio del Interior» para que «el PSOE pueda ganar Valencia» sin que haya «ni una prueba».
Costa ofreció hoy una rueda de prensa para analizar el contenido de este informe flanqueado por el vicesecretario de Organización del PPCV, David Serra, cuyo nombre también figura en el informe de la Brigada Policial de Blanqueo de capitales, en la que admitió que el Partido Popular «se ha equivocado» al trabajar con Orange Market, se reconoció como interlocutor en la trascripción de las conversaciones públicas e incidió en que no piensa dimitir.
En el transcurso de su intervención, aludió en varias ocasiones a que se trata de un informe policial «intencionado» e «instigado exclusivamente» por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
No obstante, argumentó que como son «un partido serio» irán «por partes» y por el momento no piensan ampliar al Gobierno la demanda, que ya está redactada y prevén presentar mañana o el próximo domingo una vez reciban los poderes del PP, ya que ellos no tienen entidad jurídica para poder interponerla.
CONTRATAR CON ORANGE MARKET, UN ERROR
«No nos pueden hacer a nosotros responsables de las presuntas irregularidades contables de otras empresas sólo porque hayan trabajado con nosotros», pero visto lo visto, sí que reconocido que el PPCV «se ha equivocado» al contratar con Orange Market. No obstante, se justificó: «en ese momento era una garantía de prestación de servicios». Del mismo modo, aseguró que el PPCV no ha recibido donaciones de las empresas relacionadas en el informe.
En cualquier caso, remarcó que el informe «no es nuevo, sino una recopilación y un montaje de varios informes incorporados al proceso de Madrid, con conclusiones no probadas mezcladas de forma intencionada a partir de conversaciones y pruebas que no tienen coherencia ni en el espacio ni en el tiempo».
Además, se reconoció como interlocutor en las trascripciones difundidas, que enmarcó en las «conversaciones que habitualmente se tienen entre la dirección de un partido político y proveedores que quieren cobrar una deuda».
El dirigente popular recordó que el informe, que «ni siquiera está fechado ni firmado por ningún agente», se presentó en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), sin que nadie lo hubiera pedido y por un funcionario desplazado desde Madrid, justo un día antes de que se resolviera el archivo de la rama valenciana del caso Gürtel para tratar de «influir en los jueces», «alargar» la imputación y «dañar» al PP, lo que consideró «una actuación insólita en democracia». Además, fue devuelto a la policía porque «no estaba suficientemente documentado».
RUBALCABA «UTILIZA» A LA POLICÍA
Por ello, acusó a Rubalcaba de «utilizar a la policía cuando los tribunales no le dan la razón en su beneficio» para «intentar ganar Valencia en un momento en el que Zapatero está en su situación más débil ante la opinión pública por su anuncio de subida de impuestos». Además, apuntó a la coincidencia de la publicación de este informe en los medios de comunicación con la moción de censura de Benidorm y el debate de Política General.
Asimismo, incidió en que «no aporta ninguna prueba», sino que se sustenta en unas conversaciones telefónicas que «no pueden ser una prueba sustancial de nada, no son contundentes, son sesgada y se limitan a un periodo de tres meses» en el que «primero se exponen las conclusiones y luego se mezclan conversaciones para tratar de justificarlas».
De hecho, señaló que pese a que se titula ‘Informe sobre Orange Market. Facturación y financiación del PP’ en el 70-75% «no habla del PPCV, sino del funcionamiento global de la trama de Correa, de su contabilidad» y «sólo en contadas ocasiones de los pagos del PP a Orange Market, pero sin aportar ni una sola prueba de financiación irregular». «Las conclusiones las basa en un entramado empresarial que no es nuevo y sin prueba de la contabilidad del PP», alegó.
Así, incidió en las cuentas del PP se someten no sólo al Tribunal de Cuentas como es preceptivo, sino también a una auditoria interna y otra externa que coinciden en que «son claras, transparentes y correcta».
Costa, preguntado por el hecho de que los clientes principales de Orange Market fueran el PPCV y la Generalitat valenciana, respondió que él sólo puede responder por su partido y recordó que la justicia valenciana llamó a declarar a 40 responsables de la Administración autonómica y «nunca se detectaron irregularidades».
