El Gobierno no tiene propuestas para hacer frente a la grave situación económica, pero no ceja en sus «políticas sociales»: la ampliación de la Ley del Aborto es una prioridad legislativa, seguramente por las diarias manifestaciones que llenan las calles de todas las ciudades españolas, y la regulación del «suicidio asistido», la gran preocupación del ministro de Sanidad, Bernat Soria.
Hay muchas razones para no avanzar en una ley de plazos que posibilite de hecho el aborto libre en España. La primera, su posible inconstitucionalidad. O la falta de demanda y, sobre todo, de acuerdo social sobre este asunto. Quienes creen que el aborto es un crimen contra el no nacido y quienes toleran lo que aprobó el legislativo, aunque no estén de acuerdo, son, posiblemente mayoría. Evidentemente, también razones religiosas, morales y éticas. O la posibilidad, nunca desarrollada, de hacer políticas sociales que protejan y ayuden a la mujer embarazada que quiere tener un hijo.
Y una política familiar y de conciliación que permita a las mujeres ser madres sin que eso sea una heroicidad. Sin olvidar la lucha contra el enorme negocio que se esconde detrás de las clínicas abortivas, con todo el horror repugnante que se ha denunciado en algunos casos, como el del Dr. Morín, del que, por otra parte, no se ha vuelto a saber nada. Y, sobre todo, la protección de los derechos, empezando por la vida, del que no ha nacido pero que ya tiene derechos.
Dicen que somos líderes en Europa en abortos ilegales que se hacen a la luz del día, pero sí somos el país de la Unión Europea donde más se ha incrementado el número de abortos. Más de cien mil abortos cada año son cien mil fracasos sociales. Y si sumamos la cifra de abortos realizados desde la aprobación de la ley en 1982, más de un millón doscientos mil, la vergüenza debería crecer hasta la estratosfera. Un aborto cada cinco minutos en España es un insulto a la vida.
La falta de control administrativo, la permisividad legal, el gran negocio que esconde hace que el 97 por ciento de los abortos que se practican en España sean por «riesgo físico o psicológico» y que de hecho se convierta en un «aborto libre», que ahora se intenta hacer legal y que crezca. Se protege a la mujer que quiere abortar, al médico que practica el aborto, se persigue a los médicos que plantean objeción de conciencia -si la Administración sabe, como dice, que hay médicos que se niegan a practicarlo en la pública y lo hacen en la privada, ¿por qué no les denuncia en el juzgado?- y se olvida al no nacido al que nuestra Constitución le da derechos fundamentales.
La hipocresía es brutal. Hemos renunciado a educar a la gente en la paternidad responsable y, aunque cualquiera dispone de medios suficientes para evitar el embarazo, el aborto es el remedio fácil. Y buena parte de la sociedad mira hacia otro lado. Hipocresía. Aburguesamiento. Comodidad. Miedo. La cultura de la vida debería ganar la batalla a la cultura de la muerte. Y respetar los derechos del no nacido.
