Un perito policial y el ex comisario jefe de los Tedax Sánchez Manzano declaran este lunes por falso testimonio

El ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y el perito del Cuerpo Nacional de Policía número 17632 declararán este lunes a partir de las 9.30 horas ante la juez titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid por la querella presentada contra ellos por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M por la comisión de unos presuntos delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento.

Asimismo, la juez ha llamado a declarar a doce testigos, quienes tendrán que comparecer en la sede judicial los días 1 y 2 de septiembre a partir de las 9.30 horas.

Sánchez Manzano fue el máximo responsable de los agentes encargados de la desactivación de las bombas de los atentados de Madrid, y el que se hizo cargo de las muestras de los explosivos. Su actuación, junto con la del perito, dificultaron conocer la naturaleza de las bombas y, por lo tanto, la autoría exacta de los terroristas, según la querella.

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En julio del 2006, el juez Del Olmo le llamó a declarar debido a que desde la unidad de los Tedax se había remitido una mochila que no era la que supuestamente se encontró en uno de los tres sin estallar. Durante el juicio, Manzano afirmó haberse equivocado a la hora de analizar el tipo de dinamita que explotó en los trenes.

Por ello, la Asociación interpuso la demanda con el fin de “esclarecer” todas las “dudas” acerca de los atentados de Madrid. Asimismo, el colectivo recordó en una nota que durante el juicio del 11-M solicitaron la deducción de testimonio contra aquellos funcionarios públicos cuya labor estuvo “muy lejos” de ser reflejo de la “magnífica profesionalidad” desarrollada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

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No obstante, el colectivo afirmó que la “oscura” actuación de algunas personas no debe, “en ningún caso”, poner en duda o “manchar” el “buen” nombre de la integridad del las Fuerzas y Cuerpos del Estado aunque, matizó, en los casos en los que haya una “depuración de responsabilidades” las víctimas tienen que asumir su “responsabilidad” en la lucha contra el terrorismo.

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