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(Washington DC) – La legislatura de El Salvador ha tomado medidas drásticas para socavar la independencia judicial y limitar la rendición de cuentas desde que los partidarios del presidente Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa asumieron el cargo el 1 de mayo de 2021, señaló hoy Human Rights Watch. La Asamblea también ha archivado proyectos de ley que habrían hecho avanzar los derechos fundamentales.
“En seis meses, la legislatura progubernamental ha socavado rápidamente las instituciones independientes del país, permitiendo al presidente Bukele concentrar el poder político en sus manos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Hay muchas razones para temer que la legislatura utilice ahora la próxima reforma constitucional para consolidar la toma de poder de Bukele”.
El 1 de mayo, la Asamblea de 84 escaños pasó a estar dominada por el partido del presidente Bukele, Nuevas Ideas, que ahora cuenta con 56 legisladores. La Asamblea adoptó medidas inmediatas para socavar el Estado de Derecho y rechazó proyectos de ley que podrían promover la protección de los derechos básicos. Por ejemplo:
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Una mujer sostiene un cartel en el que se lee “Es porque te amo El Salvador” durante una manifestación contra el bitcoin y otras medidas económicas, así como un decreto que retiró a los jueces de sus funciones, en San Salvador 17 de octubre de 2021 Stanley ESTRADA AFP
Bukele restó importancia al descontento, incluso dijo que los manifestantes habían acosado a los transeúntes que no participaron en la marcha. “En solo 12 segundos, censuran la libertad de expresión de un adulto mayor, empujan a una persona que usa una ayuda de movilidad y tratan de censurar a un medio de comunicación”, tuiteó Bukele, junto a un video que muestra a los manifestantes empujando en las calles. “Esta es nuestra oposición”.
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La crisis política salvadoreña de 2020, comúnmente conocida como el numeral 9F,[1][2] fue un incidente ocurrido en El Salvador el 9 de febrero de 2020. Durante la crisis política, el presidente salvadoreño Nayib Bukele envió a cuarenta soldados del Ejército salvadoreño al edificio de la Asamblea Legislativa en un intento de coaccionar a los políticos para que aprobaran una solicitud de préstamo de 109 millones de dólares a Estados Unidos para el plan de seguridad de Bukele para el país.
El suceso ha sido condenado por gobiernos extranjeros, la oposición política y organizaciones de derechos humanos y se considera la primera gran crisis política en el país desde la conclusión de la Guerra Civil salvadoreña en 1992 y se ha calificado como un intento de golpe de Estado[3].
A principios de 2020, el presidente salvadoreño Nayib Bukele quiso conseguir un préstamo de 109 millones de dólares de Estados Unidos para la financiación de las fuerzas del orden en el Plan de Control Territorial[4][5][6] El plan pretendía aumentar la financiación de la Policía Nacional Civil y reducir la delincuencia callejera mediante el enfrentamiento violento de las pandillas. [7] Su plan se enfrentó a la resistencia de los partidos de la oposición, en particular la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ya que sus políticas anteriores en relación con la aplicación de la ley fueron testigos de una mayor militarización de las fuerzas policiales[8].
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El Salvador tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo. Las bandas ejercen un control territorial sobre determinados barrios y extorsionan a los residentes de todo el país. Reclutan por la fuerza a niños y someten a abusos sexuales a mujeres, niñas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). Las bandas matan, desaparecen, violan o desplazan a quienes se resisten. Estas condiciones han provocado desplazamientos internos y transfronterizos.
Las fuerzas de seguridad siguen siendo en gran medida ineficaces a la hora de proteger a la población de este tipo de violencia. También han estado implicadas en graves violaciones de los derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, agresiones sexuales, otros actos de tortura y malos tratos, y desapariciones forzadas. La impunidad de estas violaciones sigue siendo la norma.
Las investigaciones llegaron a las audiencias en solo 14 de los 48 casos de 116 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2014 y 2018 que examinó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador. Dos resultaron en condenas.
