Quienes son los cdr en cataluña

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Los CDR se crearon en septiembre de 2017 como grupos voluntarios fundados por un colectivo diverso de asociaciones populares. Su objetivo inicial era colaborar con la realización del referéndum independentista catalán (1-O) que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional español. Tras el referéndum, los Comités promovieron manifestaciones contra la policía española y organizaron varias acciones durante la huelga general de octubre de 2017[2][3].

El 17 de junio de 2021, la Guardia Civil española concluyó una investigación que definió a los CDR como una “organización criminal con fines terroristas [y] capacidad de asalto, ocupación y toma de edificios e infraestructuras institucionales catalanas”[4].

El 23 de septiembre de 2019, la Guardia Civil detuvo a 9 miembros de los CDR en Barcelona. Los miembros llevaban más de un año de seguimiento en el marco de la Operación Judas, y fueron detenidos por cargos de terrorismo y posesión de explosivos. La acusación afirmaba que el grupo planeaba atentados como consecuencia del Juicio a los líderes independentistas de Cataluña, y 7 fueron finalmente acusados de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de arma de fuego y conspiración para causar daños penales[5][6][7].

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Esta mañana el juzgado había citado a otras seis personas para que comparecieran en el marco de la Operación Judas, como se denominó la operación de detención masiva de la Guardia Civil del año pasado. Dos de los seis ya habían sido detenidos y puestos en libertad con cargos el 23 de septiembre, durante la operación original. Cuatro de los investigados han declarado hoy. Los otros dos lo harán el 6 de julio.

La abogada de los acusados, Eva Pous, ha explicado que sus clientes se han acogido a su derecho a no declarar y que sólo han respondido a las preguntas de la defensa relacionadas con sus argumentos para no ser detenidos.

Dijo Pous: “Ya no esperaban nuevas citaciones porque las detenciones del 23 de septiembre tampoco tenían ningún sentido, dado cómo se ha desarrollado todo. Así que la primera sorpresa es que haya un caso de presunto terrorismo sin que haya organización terrorista; luego que se les acuse de tenencia de explosivos cuando según la propia Guardia Civil no había explosivos, y finalmente que el caso no sólo continúe, sino que avance con nuevas imputaciones, lo que nos lleva a pensar que la Audiencia Nacional persiste en esto para asustar a la población e intentar que no se movilice”, explicó Pous tras la vista.

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2017-2018Crisis constitucional españolaParte del movimiento independentista catalánLocalización de Cataluña (verde oscuro)- en Europa (verde y gris oscuro)- en España (verde)Fecha6 de septiembre de 2017 – 1 de junio de 2018(8 meses, 3 semanas y 5 días)LugarEspaña, principalmente Cataluña(algunos acontecimientos en toda Europa)Causado por

MétodosManifestaciones, desobediencia civil, resistencia civil, ocupaciones, huelgas generalesResultadoEjecución del gobierno directo durante seis meses. Elección de Quim Torra como nuevo Presidente de la Generalitat de Cataluña, con la formación de un nuevo gobierno catalán que pone fin al régimen directo.

Carles PuigdemontOriol Junqueras (detenido)Joaquim Forn (detenido)Jordi Turull (detenido)Carme Forcadell (detenida)Josep Lluís Trapero (hasta el 28 de octubre de 2017)Anna GabrielCarles RieraRoger Torrent (desde el 17 de enero de 2018)Quim Torra (desde el 14 de mayo de 2018

La crisis constitucional española de 2017-2018,[7] también conocida como crisis catalana,[8] fue un conflicto político entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña del expresidente Carles Puigdemont -el gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña hasta el 28 de octubre de 2017- por la cuestión de la independencia de Cataluña. Comenzó después de que la ley que pretendía permitir el referéndum independentista catalán de 2017 fuera denunciada por el Gobierno español del presidente Mariano Rajoy y posteriormente suspendida por el Tribunal Constitucional hasta que se pronunciara sobre la cuestión[9][10] Algunos medios de comunicación internacionales han descrito los acontecimientos como “una de las peores crisis políticas de la historia moderna de España”[11].

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Para este resultado fueron cruciales los vecinos del barrio que ocuparon los colegios electorales de todo el territorio e impidieron que miles de policías cerraran los edificios. Las ocupaciones se organizaron en asambleas populares, que inicialmente se llamaron “Comités de Defensa del Referéndum” (CDR), pero que fueron rebautizados -tras la declaración de independencia de ese mismo mes- para sustituir “Referéndum” por “República”. Desde entonces, los comités han liderado la resistencia a la represión del Estado en Cataluña.

Los líderes políticos liberales del movimiento han admitido que no esperaban una respuesta tan autoritaria, ni que la UE la permitiera. Se vieron superados por los acontecimientos cuando se celebraron huelgas generales improvisadas y las grandes empresas trasladaron sus sedes fuera de Cataluña. Desde entonces, los dos grandes partidos independentistas, Juntos por Cataluña e Izquierda Republicana de Cataluña, han dado marcha atrás en la aplicación de la república declarada, por ejemplo, deteniendo la creación de leyes para formar estructuras estatales como una hacienda. Todo ello a pesar de que Puigdemont ha seguido luchando contra los tribunales por el veto a su continuidad como presidente.

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