Todos los españoles son iguales

preámbulo de españa

Como extranjero, tienes los derechos y libertades garantizados en el Título I de la Constitución Española (Constitució espanyola), de acuerdo con lo establecido en los tratados y leyes internacionales. Los derechos y libertades de los ciudadanos extranjeros se concretan en los artículos 3 a 15 de la Ley Orgánica 4/2000, incorporando el principio de que los extranjeros ejercen sus derechos en las mismas condiciones que los españoles:

2.  3. Los extranjeros que hayan obtenido un visado o una autorización para permanecer más de 6 meses en España tienen el DEBER de solicitar la correspondiente TARJETA DE IDENTIDAD DE EXTRANJERO (TIE) en el plazo de un mes desde su llegada a España o desde que reciban dicha autorización.

4.  Los extranjeros residentes en España tienen DERECHO A VOTAR en las elecciones municipales si se ha establecido un régimen de reciprocidad (es decir, si los ciudadanos españoles tienen el mismo derecho en el país de origen de dichos extranjeros).

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El régimen político de España es una monarquía parlamentaria. Se caracteriza por ser el Rey el Jefe del Estado y por la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que son asumidos por distintos órganos e instituciones:

La organización territorial del Estado español está constituida por municipios, provincias y Comunidades Autónomas. La Constitución Española de 1978 reconoce y garantiza su derecho a la autonomía en la gestión de sus respectivos intereses, y decreta que el Estado es el único responsable del cumplimiento efectivo del principio de solidaridad, velando por el establecimiento de un adecuado y justo equilibrio económico entre las distintas zonas del territorio español y prestando especial atención a las particularidades de las islas.

La Administración General del Estado está formada por los departamentos ministeriales y el resto de organismos que dependen de ellos, siendo el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) el órgano encargado de proponer y ejecutar las políticas del Gobierno en materia de educación.

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Para algunos historiadores, la ciudadanía en la Constitución de Cádiz es tan revolucionaria como la propia Constitución. Para otros, la constitución se modela a partir de una concepción corporativa basada en el Antiguo Régimen y encuentra sus antecedentes en las figuras del sujeto natural y del vecino. Es necesario reconocer el hecho de que, entre las constituciones, existen diferencias irreductibles derivadas de su pertenencia a distintas culturas políticas. Teniendo esto en cuenta, en el presente artículo se examinarán las concepciones de ciudadanía expuestas por los diputados peninsulares y americanos en las Cortes de Cádiz, ya que enlazan con dos cuestiones más amplias que son, por un lado, la creación de la ciudadanía moderna, y por otro, la participación americana en su formulación.

Al tratar de mostrar estas cuestiones en la perspectiva adoptada, se añade otro problema igualmente significativo: la cuestión de las operaciones historiográficas y su incidencia en la construcción histórica de este proceso, el reconocimiento de unos actores más que de otros, las rupturas y continuidades en la acuñación de conceptos fundamentales, etcétera. Para observar estos puntos de contraste estudiaremos los problemas historiográficos relacionados con la aproximación a la naturaleza y la ciudadanía españolas entre los siglos XVII y XIX, revisando aquellos conceptos y puntos de vista sobre el proceso político en ese periodo. Esta valoración nos permitirá relacionarlos con nuestra aproximación a la representación del sujeto y del ciudadano en la problemática del Antiguo Régimen, y su proyección en los debates gaditanos.

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La historia constitucional de España se remonta a la Constitución de 1812. Tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, unas elecciones generales en 1977 convocaron a las Cortes Constituyentes (el Parlamento español, en su calidad de asamblea constituyente) con el fin de redactar y aprobar la Constitución.

Entre los miembros elegidos de las Cortes se seleccionó un grupo de siete miembros para trabajar en un proyecto de Constitución que se presentaría al organismo. Estos fueron conocidos, según los medios de comunicación, como los “padres de la Constitución”. Estas siete personas fueron elegidas para representar el amplio (y a menudo, profundamente dividido) espectro político dentro del Parlamento español, mientras que el papel principal se le dio al entonces partido gobernante y ahora extinto Unión de Centro Democrático (UCD).

El escritor (y senador por designación real) Camilo José Cela pulió posteriormente la redacción del proyecto de Constitución. Sin embargo, dado que gran parte del consenso dependía de mantener la ambigüedad de la redacción, se aprobaron pocas de las reformulaciones propuestas por Cela. Una de las aceptadas fue la sustitución del arcaico gualda (“color de soldadura”) por el simple amarillo en la descripción de la bandera de España[cita requerida].

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