Nueva ley del aborto en españa

Historia del aborto en españa

El gobierno español ha presentado un nuevo proyecto de ley sobre el aborto apenas unos meses después de que su anterior intento de reforma de la ley desatara una tormenta política. Sin embargo, aunque la última reforma pretende evitar la polémica, ha enfadado a algunos grupos antiabortistas, que creen que es demasiado tímida.

El miércoles en el Congreso, el gobernante Partido Popular (PP) dio a conocer el proyecto de ley, cuyo principal cambio con respecto a la legislación vigente es la exigencia de que las menores de 18 años que quieran abortar tengan el consentimiento de sus padres.

El año pasado, el PP propuso una amplia reforma similar a la actual legislación irlandesa y que sólo habría permitido la interrupción del embarazo en dos circunstancias: tras una violación o si la salud de la madre estaba en peligro. Aunque ese proyecto de ley cumplía una promesa electoral del PP, indignó a los grupos proabortistas, que lo calificaron de retroceso a la época de la dictadura franquista.

Cada año se producen en España unos 110.000 abortos registrados, la gran mayoría de ellos en clínicas privadas. Un estudio realizado con el apoyo de las clínicas abortistas en 2014 reveló que de 913 chicas menores de 18 años que abortaron durante los primeros nueve meses del año, 113 lo hicieron sin el consentimiento de sus padres.

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Esta libertad refuerza el reconocimiento de un derecho básico y fundamental como es el de tener o no tener hijos. Nuestra norma actual combina un periodo de libre voluntad de la gestante con unos supuestos concretos; de tal forma que la mujer puede interrumpir libremente su gestación hasta la semana 14 y por patología fetal o materna (física o psíquica) hasta la semana 22.

Además, la legislación actual en España contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de esta semana 22 (sin límite) “cuando exista una patología fetal incompatible con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y confirmada por un comité clínico”.

La nueva ley también prevé la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de esta semana 22 (sin límite) cuando exista una patología fetal incompatible con la vida, o cuando se detecte una enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto en el momento del diagnóstico y sea confirmada por un comité clínico.

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El aborto a petición está contemplado en la legislación española, pero también lo está el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales médicos. La objeción de conciencia es el derecho de una persona a negarse a participar en determinadas actividades por motivos de moral, religión o libertad. Aunque el término se utiliza popularmente en términos militares, el personal médico puede objetar a realizar procedimientos como el aborto o la eutanasia.

En la comunidad autónoma de La Rioja, con una población de más de 300.000 habitantes, la interrupción del embarazo no se puede realizar en ningún centro sanitario público o privado. Esto se debe a la objeción de conciencia de todo el personal médico allí destinado.

En la región catalana de Lleida y la zona de los Pirineos, con una población de más de 400.000 personas, no es posible practicar un aborto clínico por el mismo motivo. Todos los ginecólogos firmaron una objeción de conciencia. Sin embargo, desde la semana pasada, un par de centros han sido autorizados a ofrecer píldoras abortivas, que sólo pueden tomarse hasta la 9ª semana de gestación.

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El Ministerio de Igualdad prepara una reforma estructural de la ley del aborto en España que elimine los “obstáculos” que se observan en la normativa actual. Los primeros indicios de que el cambio estaba en marcha llegaron en julio, cuando la ministra Irene Montero anunció que la futura reforma era “inminente”. El borrador inicial se está elaborando actualmente y debería estar listo en diciembre.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que se celebra el martes 28 de septiembre, Montero lanzó una consulta pública, abierta hasta el 12 de octubre, en la que colectivos y organizaciones sociales pueden ofrecer sus aportaciones a la nueva legislación.

Uno de los principales motivos para impulsar la reforma, explican desde el Ministerio, es la “mala práctica” en relación con la objeción de conciencia, algo que, insisten, ha provocado la vulneración del derecho de las mujeres a solicitar un aborto en los centros sanitarios públicos. Según el Registro Estatal de Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE), en 2020 el 84,51% de las interrupciones realizadas en España se llevaron a cabo en centros privados y concertados, frente al 15,49% que se realizaron en centros sanitarios públicos.